Consideraciones a saber sobre decreto 040 de 2021
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en los puntos de saldo de los títulos de transporte o por los medios que se consideren más adecuados y proporcionados en función de la naturaleza de los servicios, los canales de saldo y las características del beneficiario de las ayudas.
1. Los importes que perciban las entidades locales con cargo a los créditos presupuestarios que se autorizan deberán destinarse exclusivamente a financiar la prestación del servicio público de préstamo de bicicletas y, en todo caso, a compensar en el plazo de dos meses desde la recepción de las ayudas, a las entidades y operadores de transporte que realicen los descuentos efectivos por la merma de ingresos que ha supuesto la implantación de la medida.
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La disposición final sexta establece la salvaguardia de rango de las disposiciones normativas de rango reglamentario que se ven modificadas por este Existente decreto-ralea.
Las entidades locales que sean beneficiarias de estas ayudas deberán hacer resistir al adjudicatario de los servicios públicos de préstamo de bicicletas información de que los descuentos implantados tienen financiación del Profesión de Transportes y Movilidad Sostenible, bien a través de la información ofrecida online, en los puntos de saldo de los títulos de transporte o por los medios que se consideren más adecuados y proporcionados en función de la naturaleza de los servicios, los canales de venta y las características del beneficiario de las ayudas.
4. En la solicitud tendrá que figurar necesariamente la cuenta bancaria en la que deseen que se realice el abono, acompañándose del correspondiente certificado de titularidad de la cuenta bancaria. La comunidad autónoma o entidad Específico podrá solicitar que el humus se haga en una cuenta de titularidad del consorcio de transportes o entidad pública que gestione los servicios de transporte que son objeto de estas ayudas, con la finalidad de aligerar su aplicación a la financiación efectiva de la reducción del precio de los abonos y títulos multiviajes de transporte.
b) Los gastos corrientes de la vivienda que acredite sobrevenir asumido el arrendador o propietario, por el período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por alcanzar el confín temporal del 31 de diciembre de 2025.
Sí. La plataforma tecnológica utilizada para administrar y liquidar los trámites registrales se encuentra actualizada con las nuevas tarifas definidas en el Decreto 045 expedido por el Gobierno Doméstico.
b) Se solicitará a los beneficiarios una auditoría o certificado de la persona a la que corresponda, de acuerdo con las normas estatutarias, las funciones de Certeza pública o las de fiscalización de la dirección económico financiera, en el que se evidencie el cumplimiento de los requisitos recogidos en los artículos 37.4, 39, 41 y 42, que les serán de aplicación a estas ayudas, incluyendo la comprobación que no se producen situaciones de doble financiación y que se han dedicado los importes percibidos exclusivamente a financiar la prestación del servicio de transporte sabido y, en todo caso, a compensar a los operadores de transporte por la merma de ingresos que supuso la implantación de la medida en los resolucion 0312 de 2019 funcion publica plazos establecidos en la norma.
Con la finalidad de permitir una mejor ajuste a las circunstancias particulares de cada caso y de garantizar, en su caso, un compromiso reforzado de mantenimiento de los puestos de trabajo, se modifica el apartado 10 de la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ratificado por Real Decreto Asamblea 8/2015, de 30 de octubre, para establecer que esa obligación se extenderá durante un imperceptible de seis meses y mayor de dos primaveras siguientes al periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.
Reincidencia: Se tendrá en cuenta si el supuesto acosador ha sido sancionado previamente por conductas de acoso sexual gremial.
Se modifica el Verdadero Decreto-condición 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, en los siguientes términos:
El Gobierno nacional, en uso de sus competencias, estableció que las tarifas por registro y renovación de la Matricula Mercantil y de establecimientos comerciales, agencias y sucursales, deben ser progresivas, consultar los activos de los empresarios y replicar a un doctrina de escalas diferenciales.